La anunciada intervención y posterior expropiación de Vicentin, más allá del hecho puntual en sí mismo, adquiere el preocupante valor de una señal, por supuesto que confirmatoria, de lo que muchos habían supuesto, y también temido, sobre cuáles serían las políticas que habría de adoptar el gobierno de Alberto Fernández. Entre otras peligrosas orientaciones, regenerar la estrategia estatizante de su más pura tradición. (Para preocupación de los memoriosos: ¿se querrá reflotar el IAPI, la Junta Nacional de Granos o intervenir en todo el comercio exterior como casi se está logrando con el cerrojo a las importaciones?)
La iniciativa permite una doble interpretación: por un lado la formal, respecto de la argumentación presidencial. Pero por otra parte, existe la posibilidad de que esta medida se haya dispuesto -ante el fracaso oficial en el diseño de un plan concreto para encarar un doble frente (poscuarentena y deuda externa)- , como un mensaje fundamentalmente para los votos propios, con una reiteración de los principios tradicionales de su sector, con miras ya a las elecciones del 2021.
Los argumentos son, por lo menos discutibles. Apelando a la “soberanía”, se tomó el mismo camino con Aerolíneas, YPF, AYSA, Ciccone y Correo Argentino
Los argumentos oficiales esgrimidos para la medida son, por lo menos discutibles. Ya con anterioridad, y apelando a un slogan sobre “soberanía”, se tomó el mismo camino con Aerolíneas Argentinas, YPF, AYSA, Ciccone, Correo Argentino, entre otras, justificando las decisiones en preservar las soberanías energética, de vuelos aerocomerciales, de acuñar la propia moneda, etc. En todos los casos, un rotundo y muy costoso fracaso.
Con Vicentin, el presidente Fernández apela a la preservación de la “soberanía alimentaria”, o de tener una “empresa testigo”, en un mercado donde el precio de sus productos está marcado día a día, internacionalmente, por la oferta y demanda global, sin entrar a considerar además, que la firma ocupa un rol menor en el mercado local, al tomar solamente el 10% del comercio total.
Ante el argumento oficial : "… que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos.” surge una inquietud adicional: dados los efectos de la cuarentena provocando la destrucción de un sinnúmero de empresas que genera la zozobra de decenas de miles de argentinos ante la posibilidad de perder su trabajo y su sustento, ¿se optará por similar criterio, de expropiar a todas?
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Por otra parte, la afirmación presidencial es al menos controversial, pues la empresa se encontraba en conversaciones, en el marco de su concurso de acreedores, con varios grupos que podrían asumir su control y preservar en consecuencia la fuente de trabajo.
Además, atento a la conformación de los pasivos de Vicentin, al expropiar la empresa, el Estado asume también sus deudas millonarias hacia el sistema bancario y el fisco, por lo cual en esencia, lo que se está produciendo es una estatización de una obligación privada, en el marco de un país exhausto en sus finanzas.
Ante los distintos dichos y hechos que surgen de la esfera gubernamental, se torna imperioso, en consecuencia, vislumbrar cuánto hay de falacias, medias verdades, o simplemente relato.
El país, lamentablemente, se encuentra en una problemática circunstancia, y ante un futuro, al menos no prometedor.
